Por Florencia Golender
@flopa01

Antes de negociar los salarios con los sindicatos, el

gobierno

hizo introspección. En el diálogo consigo mismo descubrió que su prioridad es contener la inflación por sobre reformar las reglas laborales que rigen en el país. Es así que, en plena tensión con los gremios que se sienten traicionados por el proyecto previsional aprobado en diciembre, dio marcha atrás con el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso. Para bajar el nivel de crecimiento de los precios, apuesta a paritarias que ronden el 15% de aumento y sin cláusula gatillo.

Reforma laboral y paritarias acordes con la meta inflacionaria en un mismo semestre era un combo para el cual al

gobierno

no le alcanzaba su caudal político actual. Se gastó una buena parte en diciembre con la reforma previsional, no sólo en términos de imagen frente a los votantes, sino principalmente en el margen de diálogo que maneja con los representantes sindicales y los gobernadores. Tras la cumbre de la

CGT

en Mar del Plata, los líderes sindicales emitieron un mensaje claro al asegurar que la central obrera "no acompañará el proyecto de reforma laboral, impulsado por el Ejecutivo en un contexto en el que la verdadera intención fue sancionar la iniciativa previsional".

El

gobierno

, en paralelo, informó que no llamará a sesiones extraordinarias en el Congreso para tratar el proyecto que, entre otros trascendidos, introducía cambios en el cálculo de las indemnizaciones. El último viernes, el jefe de gabinete nacional, Marcos Peña, sostuvo que "había varias iniciativas, fruto del consenso con la

CGT

, que se empaquetaron en una sola ley, pero para nosotros no es de vida o muerte que sea una ley o varias leyes".

Se estima, entonces, que el oficialismo busque la reforma de manera fraccionada y ya no en una gran ley, una estrategia que ya tiene el visto bueno de la central obrera (ver página 4). No parece alcanzar, por ahora, con la puesta a punto de varios expedientes que dormían en los tribunales judiciales sobre investigaciones que pesan en las espaldas de varios sindicalistas con mucho para explicar. Bajo el título "Quien quiera oír que oiga", desde la

CGT

señalan que "como para la construcción de un relato desde un lugar confortable se necesita un enemigo, todo aquello que se opusiera era el pasado, era el peronismo, eran los sindicatos, mezclando en la comunicación situaciones de funcionarios, sindicalistas y algunos (por cierto, pocos) empresarios investigados por corrupción". El

gobierno

"sólo busca la deslegitimación de las organizaciones sindicales ante la sociedad para avanzar con rapidez sobre el salario y las condiciones de trabajo".

El duro documento de la

CGT

es claro respecto de las paritarias: "Deben ser libres y sin topes". Ya lo había adelantado el cosecretario general de la

CGT

,

Juan Carlos Schmid

, al referirse a la pretensión del

gobierno

cuando afirmó que "15% de perspectiva inflacionaria para 2018 es un verdadero disparate".

Sin embargo, desde Casa Rosada son claros respecto del termómetro salarial. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, afirmó: “Creemos en las paritarias libres, pero si tenemos una lucha contra la inflación todos los sectores tienen que actuar en consonancia. Lo lógico sería que la discusión paritaria tenga en cuenta esto”. Además, la denominada “cláusula gatillo” es “un buen instrumento del que no hay que enamorarse”, pues “hoy el país tiene una pauta inflacionaria revisada”, resaltó en cuanto al recálculo aplicado a la meta de 2018, que pasó de 12% a 15%.

Pero la negativa no llega solamente desde los gremios. A pesar del pacto fiscal y el apoyo a la reforma previsional, los gobernadores también manifiestan una mirada diferente del asunto.

“En Córdoba los aumentos van a ser con cláusula gatillo para que los empleados públicos no pierdan poder adquisitivo en relación con la inflación, que es lo razonable”, desafió a fin de esta semana el gobernador, Juan Schiaretti.

De una manera u otra, el gran problema del

gobierno

para afianzarse en términos políticos en el marco de la puja salarial es que no cuenta con el aval de los índices. Las mediciones privadas fueron contundentes respecto de su proyección para 2018, cuyos especialistas calculan que la suba de precios será de entre el 14% y el 19%.

Es dentro de esa franja que se discutirán los sueldos de los trabajadores que ya arrastran varios años de pérdida adquisitiva, como 2016 (cuando la inflación fue del 40%, según el Indec, y los salarios aumentaron un promedio 32%), también 2017 aunque en menor medida, y el insoslayable contexto de múltiples despidos en diferentes sectores de la actividad económica.