La causa se originó en las irregularidades detectadas en la rendición contable del partido correspondiente a 2024. Entre los puntos señalados por el fallo aparecen dificultades para identificar el origen de aportes por más de $3,3 millones y la falta de respaldo suficiente para una parte importante de los fondos retirados de la cuenta partidaria.

En particular, de $823.582 extraídos mediante cinco cheques al portador, la Justicia consideró debidamente justificados solamente $14.000.

También fueron cuestionadas facturas y comprobantes que no correspondían al distrito pampeano, gastos sin documentación y la forma en que fue confeccionado el Libro Diario partidario.

El caso vuelve a poner en discusión una cuestión que excede a un partido o a un dirigente: la necesidad de que los fondos utilizados por las organizaciones políticas puedan ser identificados, registrados y auditados con claridad.

Para la Justicia, las irregularidades configuraron una infracción a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos y derivaron en la inhabilitación de Balsa y Zorrilla por seis meses.